El fiscal investiga la actuación de Iberdrola en el Sil
Medio Rural dice desconocer la denuncia de sus funcionarios
El Pais 11-08-09
La Fiscalía Medioambiental de Ourense ha abierto una investigación para determinar si Iberdrola incurrió en delito al vaciar el Sil y perforar “hasta seis metros” en zona incluida en la Red Natura y “sin permiso” de Medio Rural. La Fiscalía inició “de inmediato” la investigación a partir de la denuncia presentada la semana pasada por Axentes Forestais, que tras inspeccionar en la madrugada del 4 al 5 la obra de construcción de la nueva central de Santo Estevo, encontraron indicios de “irregularidades”. La decisión del Ministerio Fiscal contraviene las previsiones de la Xunta. Así se deduce de las declaraciones realizadas ayer por el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, que aseguró desconocer el contenido de la denuncia presentada por los funcionarios dependientes de su consellería y la desvinculó de los informes que maneja su departamento.
Juárez aseguró que las obras de la eléctrica “cumplen” los valores mínimos de caudal fijados en el informe de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Xunta bipartita en 2008, y destacó que las competencias en el embalse de Santo Estevo son del Estado y la labor de la Xunta es “avalar” y “vigilar” que se cumplen los requisitos del impacto ambiental, informa María Pampín. Frente a sus declaraciones, los Axentes Forestais sostienen que el conselleiro debería conocer la denuncia, ya que la registraron en la jefatura provincial de su departamento el jueves pasado, el mismo día que la entregaron al fiscal.
La demanda va acompañada con fotografías de las obras supuestamente irregulares y con testimonios de los trabajadores de la empresa. En ella consta que en la madrugada del martes al miércoles pasado la eléctrica “no tenía autorización” para perforar seis metros. “La Confederación Hidrográfica les autorizó posteriormente a perforar 1,5 metros”, sostienen los funcionarios.
Además, los forestales, que representan a la autoridad judicial adscrita al Seprona, aseguran que detectaron en la obra “indicios de delito” tipificados en la Ley de Pesca y en la de Protección da Natureza de la Xunta, y decidieron presentar denuncia en la Fiscalía, tras considerar la envergadura de la obra y que una sanción por vía administrativa se saldaría con multa de entre 6.000 y 60.000 euros, una cantidad “insignificante” para una gran empresa. Los funcionarios judiciales de Medio Rural sostienen que en el caso de que la Fiscalía decidiese archivar la denuncia, o si prescribiera, “se trasladaría a la vía administrativa; el propio fiscal podría derivarla ahí”, puntualizan.
Lejos de archivarla, la Fiscalía Medioambiental abrió de inmediato la investigación. El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado puntualiza que los forestales actuaron “en cumplimiento estricto” de sus competencias ya que tienen rango de policías judiciales. “Es como si la Guardia Civil tuviera indicios de que se cometió un robo: debe remitirnos la denuncia”, explica.
La Fiscalía orensana ha incorporado a la investigación otra denuncia paralela presentada por el BNG. La asociación Ríos con Vida registró también una por los mismos hechos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
